El también socio de Molina Ríos Abogados advierte una serie de consecuencias para la calificación crediticia de Chile, el negocio y los propios pensionados.
La primera aproximación al tema por parte de Carlos Molina, presidente de aseguradora de capitales españoles Mapfre y de la Cámara Española de Comercio, es distinguir que el cuarto retiro desde las AFP y las rentas vitalicias ‘no tienen nada que ver’. Dicho lo anterior, enfatiza que ‘en las rentas vitalicias hay una decisión libre y voluntaria al contratarla, y para ello el pensionado transfiere todo el dinero ahorrado a cambio de una renta mensual de por vida. No hay cuenta de ahorro individual’ y, por lo anterior, advierte sobre las implicancias de ello.
—¿Qué nivel de preocupación tienen por la discusión de un nuevo anticipo desde las rentas vitalicias?
—Lo primero es que es errado hablar de anticipo: este es un préstamo, un préstamo forzado. Quieren obligarnos a prestar dinero sin garantía de devolución, con cargo al patrimonio de las compañías. Son temas diferentes que deberían abordarse de forma diferente, nos están convirtiendo en prestamistas y ese no es nuestro giro’.
—¿En qué sentido?
—Como cualquier ciudadano que pide un préstamo, es una obligación devolver el dinero. Tenemos un tope de 150 UF, que se va a ir descontando desde la renta mensual con un tope de 5%. Pero el ciudadano puede tener 68 años, puede tener 80 o 90 años. ¿Qué pasa si tiene 85 años —que es la esperanza promedio de vida— y fallece? El crédito queda impago y quienes van a tener que soportar ese crédito son las compañías. De ahí la advertencia de la CMF (Comisión para el Mercado Financiero) de que es una situación gravísima, de riesgo de solvencia’.
—¿Qué esperaría del debate del Senado?
—Que vuelva la racionalidad, espero que prime la sensatez. Que solo imaginar salir a vender, por ejemplo, bonos securitizados, como puede ser una autopista concesionada o locales comerciales o edificios, por la premura del pago, nos va a conducir a un colapso. Y también los efectos en cadena. Para los inversionistas más grandes, con capitales extranjeros, que para recuperar niveles de solvencia que les exige la ley tendrían que hacer un aumento de capital. ¿Qué inversionista va a poner sus recursos en un país donde no se están cumpliendo las reglas del juego? Si seguimos por este camino, Chile va a perder su investment grade y en muchos casos, quizás las compañías tengan que recurrir al Chapter 11 por insolvencia. Y ahí los afectados no van a ser solo los que retiraron, sino también los que no retiraron, porque las compañías van a decir: no puedo pagarle su pensión porque estoy en un procedimiento concursal’.
—Además de la judicialización…
—Chile ya está en procesos de arbitraje. Si nos demandan, nos va a ir mal, vamos a perder. Nos van a sacar la mugre en los tribunales internacionales, esto ya llegó al gobierno de EE.UU. y de la Unión Europea. Eso es lo sorprendente de todo esto, las múltiples consecuencias para el inversionista, para la industria aseguradora, para el Estado, que puede terminar pagando la cuenta al ejecutarse la garantía estatal, y además el perjuicio a los ciudadanos, que verán en riesgo sus pensiones. Chile se va a volver más caro, porque las reaseguradoras mundiales lo van a ver como un país más riesgoso, además de otros efectos domésticos’.
—¿Como cuáles?
—Hablemos de una cosa común y corriente. Normalmente el sueño de la casa propia es con crédito hipotecario que requiere un seguro de desgravamen. ¿Va a haber compañías que quieran ofrecer seguros de desgravamen si las reglas del juego no están claras? Quizás haya, pero van a subir los precios, solo por efecto riesgo. Entonces, por ayudar a la gente, las consecuencias van a ser peores. Estamos apagando el incendio con bencina’.
—Mapfre redujo este año la participación en el negocio de rentas vitalicias y mantiene una baja participación de 0,04% del global. ¿Esto consolida su salida?
—Teníamos una decisión tomada antes de la crisis, pero igual nos golpea, son millones de dólares. Pero hay empresas a las que les está costando cientos de millones y no estoy hablando solo como presidente de Mapfre, sino también como representante de la Cámara Española de Comercio, país que es el segundo inversionista en Chile: puedo decir que estoy respondiendo todos los días llamadas de inversionistas preguntándome qué es lo que está pasando en Chile’.
—¿Han pensado en bajar la cortina?
—No sabemos aún, esto está en desarrollo. Mapfre es una entidad que está en cinco continentes y 46 países. Hace 40 años que estamos en Chile y nuestras inversiones son de largo plazo. Si se llega a aprobar, habrá que sentarse a pensarlo. Creo en Chile y su institucionalidad, pero si al final la realidad nos dice otra cosa, bueno, no le podemos pedir a un inversionista —sea cual sea— que venga a perder dinero porque el ordenamiento jurídico chileno te obliga a hacer cosas que no correspondían a tu giro’.
